El GReDP colabora en la elaboración del “Estudio de prevención del riesgo de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia de Cantabria”
La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha presentado el estudio, financiado con fondos NextGeneration, para la prevención del riesgo de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia de Cantabria. Se trata del primer informe de estas características que realiza una Comunidad Autónoma, de forma que –ha dicho Gómez de Diego- Cantabria “se adelanta y sirve de referencia a informes similares que se está planteando realizar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”. En el informe se ha preguntado directamente a los y las adolescentes, lo que ha permitido conocer situaciones que se han producido en el último año, muchas de ellas previas al centro residencial actual, vinculadas a las propias familias y/o a otros centros.
El texto contiene una serie de propuestas de actuación e incluye la creación de un grupo de trabajo formado por profesionales de la Dirección General de Políticas Sociales; de la Subdirección de Infancia del ICASS; de la Dirección de Igualdad y Mujer y de los centros de acogimiento residencial. Entre las propuestas para los profesionales, se encuentra el desarrollo de protocolos de actuación ante los casos de explotación sexual a la infancia y la adolescencia, de las fugas y salidas no autorizadas; un programa de sensibilización y capacitación profesional; la creación de la figura de un referente en protección o la aplicación de la primera herramienta para detectar casos, EDR-ESIA. En este trabajo se ha hecho un primer control con EDR-ESIA y, de un total de 140 casos estudiados, han aparecido seis con posible riesgo que ya están siendo tratados. Entre las propuestas dirigidas a los adolescentes están la información sobre violencia y explotación sexual y educación afectivo-sexual; información y educación sobre los riesgos de las redes sociales; respeto a la capacidad de decisión y participación y atención a las experiencias previas de victimización sexual.
